Para ser sustentable, el sistema previsional argentino bajo el mecanismo de reparto necesita por lo menos 3 trabajadores activos por cada pasivo, jubilado o pensionado. Hoy la proporción es de 1,7. Y las proyecciones demográficas del INDEC dicen que, tal cual está la dinámica, esta proporción irá bajando en las próximas décadas. En el año 2024, el INDEC estima que hay 5,7 millones de personas con una edad de 65 años o más (12% del total), mientras que para 2030 este número se proyecta crecerá a 6,5 millones (15% del total).

A este régimen ya frágil se le suma un factor clave: las moratorias previsionales. A partir del año 2005, se autorizó el acceso a la jubilación para personas que no hubiesen cumplido con el total mínimo de años de aportes. Esto implicó un cambio importante en la composición de las jubilaciones y pensiones. En 2004 había 3,2 millones de jubilados y pensionados, 0% bajo el beneficio de la moratoria. Para 2024, la cifra trepó al 68,2% del total. Es decir, hay más personas jubiladas por moratoria que los que cumplieron con todos los años de aportes requeridos. Si bien estas medidas mejoraron la cobertura social para adultos mayores, también crearon un fuerte desequilibrio en el sistema previsional.

Además, la existencia de una moratoria abierta configura un círculo vicioso: quienes no aportan lo necesario acceden igual a una jubilación, lo que dispara el número de beneficios a financiar y reduce las jubilaciones promedio de todos los beneficiarios, incluyendo a los que sí cumplieron todos los años de aportes. Para cubrir el déficit, el sistema se nutre de impuestos más allá de los aportes. Y como trabajar en negro no impide jubilarse por moratoria, se refuerza el círculo vicioso.

El Congreso aprobó un paquete que esquiva el verdadero problema

En pleno auge de la campaña electoral, el Congreso aprobó un paquete de reformas previsionales compuesto por tres leyes, cuyo costo fiscal anual de hasta el 2,1% del PBI. A continuación, se detalla el contenido y el impacto de cada una de estas leyes:

• Ley 27.791: Movilidad jubilatoria y bono extraordinario. Establece un aumento del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual según el índice de movilidad. Además, ordena transferencias de ANSeS a provincias con regímenes previsionales no transferidos.

• Ley 27.792: Moratoria previsional. Prorroga por dos años la posibilidad de jubilarse sin contar con los años de aportes requeridos, mediante la extensión del régimen previsto en la Ley 27.705. También modifica aspectos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

• Ley 27.793: Emergencia nacional en discapacidad. Declara la emergencia hasta diciembre de 2026 e implementa medidas de financiamiento para pensiones no contributivas por discapacidad y asistencia a prestadores.

Ahora, ¿cuáles serían los costos de su aprobación? Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Ley 27.791 es la que genera el mayor impacto fiscal. El aumento de haberes y la actualización del bono representan un costo de 0,79% en términos anualizados. A esto se suma un impacto financiero adicional por anticipos a cajas previsionales provinciales, estimado en 0,38% anualizado.

En cuanto a la Ley 27.792, el impacto fiscal total asciende a 0,39% del PBI, producto de la reincorporación del plan de moratoria y la ampliación del universo de beneficiarios de la PUAM.

Por su parte, el costo estimado de la Ley 27.793 —considerando únicamente las medidas cuantificables— oscila entre 0,28% a 0,51% del PBI. La mayor parte de ese gasto se explica por la incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo costo individual se estima entre 0,25% a 0,48% del producto.

Una vez más, la Argentina interviene en su sistema previsional con una reforma que, lejos de resolver los problemas estructurales, opta por soluciones de corto plazo que sólo postergan la discusión de fondo: una reforma laboral para incentivar la creación de empleo formal y una reforma previsional que estructure mejor los incentivos a ahorrar para la jubilación, y que permita dar una cobertura social a los adultos mayores.

No es casual que este tipo de iniciativas resurjan en un año electoral, cuando varios actores de la escena política deciden tensionar los márgenes fiscales para cosechar votos. Pan para hoy, hambre para mañana: un clásico argentino.

¿Qué opinan los especialistas?

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, opinó que “si vemos América Latina, en los últimos años la mayoría de los países aprobaron reformas profundas en sus sistemas previsionales. Chile en 2025, Colombia y Uruguay en 2024, y Brasil en 2019, por poner unos ejemplos. Aunque no creo que todas hayan ido en la dirección correcta, por lo menos demuestran una voluntad de sus parlamentos de atacar el problema. En cambio, en Argentina el Congreso viene apostando por parches”.

Julián Orué, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, expresó “en la previa de las elecciones, que haya cierta intencionalidad política detrás de estos temas es innegable. Si se considera que buena parte del equilibrio político del gobierno se sostiene en la eliminación del déficit fiscal y la desaceleración de la inflación, atacar el frente fiscal es intentar erosionar uno de los pilares centrales de su credibilidad y la mayor estabilidad. La discusión urgente debería ser hacia qué sistema previsional nos dirigimos, porque el actual —en términos fiscales y de organización del Estado— está claramente agotado”.

Clara Alesina, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, dijo “Nuevamente nos encontramos ante una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo. La estrategia legislativa fue evidente: las leyes apuntan a sectores de alta sensibilidad social —jubilados, personas sin aportes y personas con discapacidad—, reforzando su peso político. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a sostener el equilibrio fiscal. De todas formas, la discusión previsional es impostergable: el sistema actual es insostenible. Pero debe abordarse con seriedad, garantizando credibilidad fiscal y dejando de lado los oportunismos políticos, si se busca un verdadero cambio estructural y sostenible en el largo plazo.”

Theo Ellmann, Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, comento “Si tomamos al gobierno en su palabra, el equilibrio fiscal no es una opción, sino una condición innegociable. En ese contexto, los gestos de la oposición parecen más bien una puesta en escena, un intento de mostrar fisuras donde no las hay, con la vista puesta en las próximas elecciones. Es evidente que insistir en reformas de corto plazo conducen a una presión creciente y difícil de sostener sobre las finanzas públicas. Sin embargo, aún hay margen para repensar el sistema. Una reforma inteligente podría aliviar esa carga sin comprometer la estabilidad fiscal.”