La reciente inclusión del Artículo 10 en el proyecto de ley de Jubilaciones y Pensiones, aprobado el pasado 10 de julio, implica una seria amenaza para la continuidad de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Pone en riesgo un esquema que ha demostrado ser fundamental para la sustentabilidad del entramado PyME, ya que permite a estas empresas acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Por este motivo, toda la cadena productiva y financiera nacional —cámaras empresarias de PyMEs de alcance federal, bancos públicos y privados, entidades bursátiles y mercados de capitales de todo el país— ha manifestado de forma unánime su respaldo al Sistema de SGR y la necesidad de sostenerlo y perfeccionarlo. Las SGR se consolidan como un puente estratégico entre miles de PyMES y el mercado de crédito, gracias al acompañamiento amplio y consistente de todos los sectores con los que trabajan y generan valor.

Frente al impacto que generaría la nueva ley, las SGR cuentan, desde el entramado productivo, con el apoyo de entidades empresarias y gremiales de alcance nacional, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a numerosas organizaciones provinciales que reflejan la diversidad de las economías regionales de nuestro país.

En total, más de 24 instituciones —entre confederaciones, uniones y asociaciones— acompañan activamente este instrumento, representando a más de 3.700 cámaras que agrupan a cerca de 650.000 empresarios pymes de todos los rubros.

A la vez, el sistema de SGR recibe el respaldo decidido de todo el ecosistema financiero argentino, que reconoce su rol como facilitador clave para canalizar crédito hacia el sector productivo.

Este aval comprende la totalidad del mercado de capitales —con sus 3 mercados de negociación (MAV, BYMA y A3) y 6 bolsas de comercio del país—, las principales asociaciones bancarias que representan 30 bancos públicos y privados (ABA, ADEBA y ABE), el Banco de la Nación Argentina y más de 300 empresas del sector de tecnología financiera agrupadas en la Cámara Argentina Fintech. Todos ellos destacan el impacto directo de la garantía de las SGR para ampliar la disponibilidad de crédito, agilizar la intermediación financiera y motorizar el crédito PyME.

En la lista de cámaras y entidades que expresaron su preocupación figuran: CAME, UIA, FECOBA, PAETAC, ADIMRA, CONINAGRO, las Cámaras empresariales de San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Martín, Cluster Vaca Muerta, Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, ACIPAN (Asociación de Comercio, Industria, Producción y afines), FISPE (Federación Industrial de Santa Fe), ACSoja, Argentrigo, ASAGIR (Asociación Argentina de Girasol), Maizar, ABA, ABE, ADEBA, Mercado Argentino de Valores, BYMA, A3, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Chaco, Bolsa de Comercio de Córdoba, Bolsa de Comercio de Mendoza, Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, Bolsa de Comercio de Confederada (Corrientes), Caja de Valores, Cámara Argentina Fintech, Federación de Centros y Entidades de Acopiadores de Cereales, entre otras.

“Esta reforma del régimen fiscal impactará negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas”, señaló CAME en su comunicado. “Por cada peso que sacara un socio protector de las SGR, habría casi tres pesos menos de aval para que una Pyme pueda financiarse”, destaca la UIA. “El sostenimiento y fortalecimiento del régimen de SGR es esencial para impulsar el desarrollo económico, sostener el trabajo argentino y dinamizar las economías locales”, enfatiza FECOBA.

El cambio fue impulsado bajo el argumento del presunto costo fiscal. Sin embargo, omite considerar el rendimiento netamente superavitario del sistema y su alto impacto en términos de acceso al crédito, inclusión financiera y dinamización del tejido productivo nacional.

Las SGR gestionan el crédito PyME y no son un gasto para el Estado. El costo fiscal anual del sistema de SGR representa apenas el 0.027% del PBI argentino. Si consideramos las externalidades del sistema, este número se potencia a favor del fisco y multiplica su recaudación.

“Desde CASFOG manifestamos nuestra máxima preocupación por el artículo 10 de la Ley de Jubilaciones, que implica en los hechos la desarticulación del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca. Esta medida amenaza con dejar sin acceso al crédito a miles de Pymes y emprendedores que hoy sostienen la producción y el empleo en la Argentina, pudiendo desencadenar una caída de la cadena de pagos y un derrumbe de la actividad económica. Desde que se conoció esta iniciativa, el acompañamiento inmediato y unánime de todos los sectores que trabajan con nuestras garantías, demuestra la relevancia y el consenso que existe en defensa de este sistema clave para el desarrollo productivo del país”, sostuvo Pablo Pereyra, Vicepresidente de CASFOG, Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, entidad que agrupa a la totalidad de las SGR.

Un círculo virtuoso

Desde hace casi treinta años, las SGR constituyen un instrumento público-privado probado y eficiente, diseñado para facilitar el acceso de miles de pequeñas y medianas empresas a financiamiento en mejores condiciones, potenciar la inversión productiva, dinamizar el empleo y fortalecer las economías regionales.

Los números dan cuenta de las ventajas de este mecanismo que es necesario defender:

●      El Sistema de SGR respalda financieramente a más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de diversos sectores y jurisdicciones del país, promoviendo el acceso al crédito y la inversión.

●      1 de cada 3 préstamos PyME canalizados a través del sistema financiero cuenta con un aval de SGR.

●      El 35% del stock de préstamos bancarios dirigidos al segmento PyME se encuentra garantizado por SGR, mejorando los perfiles de riesgo y facilitando el acceso a condiciones más competitivas.

●      El volumen del potencial de financiamiento garantizado asciende a más de $3,8 billones (USD 3.400 millones), equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), ello sin contar el efecto multiplicador que el sistema derrama en la economía (crédito, producción, empleo, impuestos).

●      En el ámbito del mercado de capitales, las SGR participan activamente en la canalización de recursos, garantizando alrededor del 40% de las emisiones de cheques de pago diferido avalados.

●      El 70% de los certificados de garantía emitidos están dirigidos a micro y pequeñas empresas, segmentos estructuralmente excluidos del sistema financiero tradicional por carecer de activos colaterales, historial crediticio o capacidades de estructuración financiera.

●      Las PyMEs beneficiarias del sistema generan más de 510.000 empleos directos, con alto impacto en economías regionales y cadenas de valor estratégicas.

●      Las PyMEs asistidas exportan por más de USD 1.500 millones anuales, consolidando la función del sistema como vector de internacionalización empresarial.