Esta medida busca establecer un terreno equitativo para las nuevas empresas que desean incorporarse al mercado, promoviendo la competencia leal y asegurando la capacidad de estas compañías para enfrentar posibles litigios. La esencia de esta modificación reside en la actualización del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA), específicamente en los criterios que definen cómo se deben conformar las reservas destinadas a juicios futuros. 

Dichas reservas constituyen fondos adicionales que las aseguradoras deben acumular para cubrir posibles reclamaciones judiciales, garantizando así la continuidad de sus operaciones y la protección de los asegurados. La reforma, oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, recalca el compromiso de la Superintendencia por mantener la solidez financiera de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en beneficio de todos los participantes del mercado. 

La Resolución 127/2024 introduce la obligación para las entidades que ofrecen cobertura de riesgos laborales de constituir, al final de cada ejercicio fiscal, una “Reserva por Juicios Futuros Total”. Esta medida será exigible hasta completar un período de cinco años desde el inicio de sus operaciones. Sin embargo, el aspecto más significativo de la reforma es la introducción de una nueva fórmula para calcular el monto de estas reservas, basada en un porcentaje específico de las primas, lo que asegura una distribución más equitativa de los recursos destinados a este fin. 

Esta actualización representa un ajuste de las políticas previamente implementadas durante la administración de Alberto Fernández, que habían resultado insuficientes para proteger a las aseguradoras de menor tamaño o a las recién ingresadas al mercado. Al establecer una base de cálculo “más real” para las reservas, se espera no solo reforzar la solidez financiera de las compañías de seguros, sino también estimular una competencia saludable que podría traducirse en beneficios para los clientes, incluyendo potenciales reducciones en el costo de las pólizas de seguro. 

Esta medida es un paso adelante hacia la creación de un entorno más justo y competitivo en el mercado de las ART, asegurando que todas las compañías, independientemente de su tamaño o antigüedad, tengan la capacidad de responder eficazmente ante las demandas judiciales, mientras protegen los intereses de sus asegurados.