La posibilidad de que el Gobierno logre controlar los precios de los alimentos está dada y apoyada en varios factores.

El primero de ellos es el costo social interno que pagamos los argentinos por las cosas que no podemos comprar. En términos académicos sería una “restricción del mercado interno por la vía de la demanda”. En la jerga de la calle: la gente no tiene un mango en el bolsillo.

¿Qué genera esta situación? Que los alimentos frescos se pasen de fecha, que los que no son frescos pero tienen algún componente vivo empiecen a ponerse en mal estado, que los que son de larga duración queden almacenados en los galpones de las tiendas de distribución y supermercados.

De esa manera, ya se ha visto que algunos comercios de cercanía empiezan a apagar las heladeras por las noches, generando que los lácteos se corten al otro día o a las primeras 48 horas aun antes de vencer. También se ha notado que fideos con fecha de vencimiento lejana empiecen a germinar dentro de los paquetes gorgojos. Incluso que los productos de larga duración quedan perdidos en los racks de los depósitos generando una pérdida por ocupación de lugar de almacenamiento.

Esta caída en la demanda que es síntoma de una acuciante crisis económica provoca la decisión de los distribuidores de liquidar stocks y si se traslada a precios, los alimentos no deberían aumentar. Tal vez no bajen porque en la Argentina precio que sube precio que no baja. Pero no deberían subir más.

Eso se verificó con el índice de inflación de febrero, que dio bastante por debajo de lo esperado en el Gobierno.

Otro elemento que puede morigerar la escalada de precios es la apertura de importación a productos que no pagarán IVA adicional para poder competir con los productos nacionales.

Hace pocas horas se dio a conocer el trazo grueso de la decisión del Gobierno en esta faceta. La lista de productos podría decirse que alcanza a la gran mayoría de familias de alimentos que consumen los argentinos. Por ejemplo, no pagarán IVA adicional son carnes bovinas, porcinas, aviar, y derivados; pescados y derivados.

Pero tampoco lo harán lácteos y derivados; huevos, hortalizas, legumbres, frutas, verduras, frutos secos y demás alimentos primarios, especias, cereales y sus derivados, oleaginosas y sus derivados, grasas y aceites, preparaciones alimenticias (pastas, salsas, panificados, confituras, enlatados, etc.), insumos alimenticios (extractos, concentrados, cacao, etc.), cervezas y bebidas sin alcohol.

Es decir, que se trata de una gran decisión orientada a que el precio también esté conformado por la libre competencia. Y si eso se consigue, la virtud será mayor, dado que no se tratará de imponer un política de estilo proteccionista sino de abrir las puertas para que los consumidores puedan adquirir los bienes y servicios de mejor calidad a mejores precios.

Argentina está cara en términos reales. Los precios de los productos alimenticios cuestan lo mismo, en dólares, que en Estados Unidos y a veces más caros. Pero los salarios son una cuarta parte de lo que percibe el norteamericano promedio.

La virtud del Gobierno pasara por lograr que los precios bajen, la actividad y el empleo se sostengan, y la economía se sincere para luego empezar a desarrollarse. ¿Lo conseguirá?