Según el informe Size of the Informal Economy, elaborado por la organización británica Word Economics para medir el alcance de la actividad no registrada en distintos países, la economía informal en Argentina ronda el 29% del PBI. Se trata de un porcentaje que supera ampliamente al 8,4% de EE.UU. o al 10,8% de Reino Unido, e incluso se sitúa por encima del promedio global, establecido en 25%.

La informalidad es una problemática real en la Argentina y, como tal, debe ser resuelta. Sin embargo, para hacerlo es necesario realizar un diagnóstico correcto. Efectivamente, antes de evaluar cualquier acción es necesario comprender cómo y por qué se produce este fenómeno en nuestra sociedad. No habrá solución alguna si no se asimila que, en escenarios de crisis sostenida, la informalidad funciona como una válvula de escape para quienes están ahogados por el sistema.

En muchos casos, la economía no registrada representa un mecanismo de defensa ante la inflación, la inestabilidad y la corrupción. Cuando los ciudadanos concluyen que el dinero que aportan mediante impuestos no se traduce en mejoras sociales encuentran en la informalidad un refugio. La clave para abordar el problema no debe ser, entonces, la penalización sofocante, sino el incentivo liberador.

La experiencia histórica demuestra que no hay mayor incentivo a la formalidad que el crédito. El crédito a tasas razonables estimula el consumo, la producción y la inversión. En definitiva, supone una oportunidad de crecimiento para particulares y empresas. Estos beneficios requieren bancarización, demostración de haberes y, por lo tanto, ingresos registrados. En las últimas décadas, países como Colombia y Chile han impulsado políticas crediticias exitosas respecto al avance de la inclusión financiera.

En Argentina, el crédito al sector privado representa apenas el 10% del PBI, mientras que en países con economías más sólidas ese porcentaje oscila entre el 50% y el 80%. Está claro que para crecer es necesario reducir esta brecha. Sin embargo, para avanzar en este sentido existe una condición innegociable, que debe contar con el consenso de todos los actores relevantes de la vida política y económica del país: el orden fiscal.

Mantener las cuentas nacionales ordenadas es fundamental para comenzar a idear políticas crediticias. Volatilidad cambiaria e inestabilidad generalizada indefectiblemente funcionan como sinónimos de tasas restrictivas y, en consecuencia, de desincentivación a la formalidad. En este sentido, la estabilización de la moneda y la disminución del riesgo país indudablemente son buenos augurios.

También es una buena noticia la vuelta a la agenda política y mediática del proyecto de ley denominado inocencia fiscal, que busca atraer a la economía formal los dólares que los argentinos tienen bajo el colchón. De más está decir que, de concretarse, esta iniciativa fomentaría el paso del dólar dormido al dólar invertido –sea en real estate, storage, o cualquier opción que ofrezca el mercado- y provocaría así un efecto multiplicador de la riqueza.

En conclusión, y a modo de resumen, todos aquellos que desean resolver la problemática de la informalidad deben atender a una premisa básica: en la gran mayoría de los casos, la zanahoria funciona mejor que el palo.

Columnista Invitado - Marcos Victorica
Economista y CEO de BAS Storage