La escalada incesante de los precios de los medicamentos ha desencadenado una crisis sin precedentes en el sector de la salud, impactando de manera directa en las empresas de medicina prepaga, obras sociales y, por supuesto, en los pacientes. Ante esta compleja situación, diversas entidades del sector privado hemos presentado propuestas concretas para establecer un diálogo constructivo con la industria farmacéutica y encontrar soluciones sostenibles que garanticen el acceso a medicamentos esenciales para toda la población.

Las iniciativas han sido muchas. Desde una ley nacional de medicamentos, la propuesta de compulsa de precios de los medicamentos en el país comparando con precios internacionales, hasta un mecanismo de actualización de precios 50% por el índice de precio al consumidor (IPC) y el otro 50% por el ajuste del precio de la moneda extranjera, ya que, de la producción de medicamentos, hay una porción no determinante, pero sí importante para la fabricación de estos medicamentos, que es la importación de productos necesarios e imprescindibles para su fabricación.

La necesidad de llegar a un acuerdo con la industria farmacéutica es urgente y vital, ya que esta problemática afecta directamente a los pacientes y ciudadanos. Los altos costos de los medicamentos limitan el acceso a tratamientos esenciales, lo que puede derivar en consecuencias graves para la salud pública.

Abordar este tema es central para todos los sectores de salud, debido a que ninguna empresa de medicina privada, obra social o entidad pública está desvinculada de la industria farmacéutica. La relación entre estos actores y la industria es fundamental para la prescripción y seguimiento de tratamientos.

Sabemos que la industria farmacéutica representa entre el 36% y el 40% del total del costo en salud, por lo que es imprescindible llegar a un acuerdo lo antes posible y la participación del Estado como ente regulador es crucial en este proceso. Se requiere una intervención activa para establecer políticas que regulen los precios de los medicamentos, asegurando su accesibilidad y protegiendo el derecho a la salud.

Países como Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil o España, han puesto en práctica diferentes estrategias o modelos que el Ministerio de Salud de la Nación podría estudiar y seguir.

El futuro del sector de medicina en medio de esta compleja situación es incierto. La colaboración entre las empresas de medicina privada, el sector público y la industria farmacéutica es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Con un enfoque coordinado y regulado, se puede garantizar que el derecho a la salud de los ciudadanos sea protegido y que los medicamentos necesarios estén disponibles para todos.

Columnista Invitado - Mario Koltan,
Presidente de Boreal Salud