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Por Mario KoltanArgentina06 de Marzo

Es urgente que el Estado regule la relación asimétrica entre laboratorios y obras sociales

Hasta fines de octubre de 2023, los incrementos en el precio de los medicamentos iban al ritmo de la inflación. Sin embargo, durante los últimos dos meses aumentaron un 140% lo que acumuló un incremento del 319,1% durante todo el año 2023, de acuerdo con las cifras publicadas por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), mientras que, según el Índice de Precios al Consumidor, la inflación cerró en 211,4%.

 

Estos números, no solo repercuten en el costo de las empresas de medicina prepaga, sino también en el bolsillo de los argentinos y en la salud de millones de pacientes que no pueden costear el valor de los medicamentos, por lo que es imprescindible que el Estado actúe como ente regulador para evitar las subas indiscriminadas de precios y la relación asimétrica entre laboratorios y obras sociales.

Hoy, Argentina, es uno de los pocos países del mundo donde esto sucede. La participación activa del Estado, a través del Ministerio de Salud u organismos competentes, es crucial en las negociaciones con la industria farmacéutica, solo una institución de la envergadura del Estado puede enfrentar a esta industria y establecer precios razonables. Este enfoque, practicado en países como Brasil, donde la regulación estatal es la norma, demuestra ser efectivo para controlar los precios y asegurar una política de salud sostenible.

Diversas políticas, como la conocida “Ley de genéricos” han demostrado ser estrategias exitosas en otros periodos. En gestiones anteriores se logró mantener los precios de los medicamentos un punto por debajo de la inflación mensual, al tiempo que garantizaba la accesibilidad a tratamientos esenciales.

En este sentido, la industria farmacéutica tiene que ir acorde con el crecimiento de la actividad económica. Es decir, en la medida en que haya mayor crecimiento socioeconómico, la industria farmacéutica debería acompañar ese mismo desarrollo. Contrario a lo que sucede actualmente, ya que, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la caída en consumo por volumen de los medicamentos en enero fue de un 45,8 % y un 39,6% en febrero, claro indicador de que las personas no pueden acceder a los tratamientos que necesitan.

La situación sin duda pone en riesgo el acceso a la salud como un derecho fundamental. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho a todos los argentinos y no permitir que los medicamentos se conviertan en un lujo para unos pocos, entendiendo que es la salud de la población lo que está en juego y también la labor de todos los agentes de salud, tanto público como privado.

Es hora de que el Estado tome medidas para garantizar el acceso a la salud de todos los argentinos. Hoy, el gasto en medicamentos representa el 40% del total del gasto en salud. Esta constante absorción de recursos, combinada con la dificultad de acceso a los medicamentos, amenaza tratamientos continuos y la salud de millones de argentinos.

 

Columnista Invitado - Mario Koltan
Presidente de Boreal Salud

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