Los precios de bienes y servicios no regulados (o sujetos a regulaciones parciales) se han encarecido en el mercado interno un 24,6 % en dólares al tipo de cambio oficial, desde 2019 a junio de este año.

Si se descuenta la inflación de Estados Unidos del período, entonces tendríamos que esos 24,6 puntos se explican en 3/5 partes por la suba de los precios internacionales y 2/5 por factores locales.

Los ítems catalogados como “protegidos” se han encarecido en dólares mucho más de lo que puede ser explicado por la inflación internacional. Tomando los precios promedio de 2019, se tiene que, a junio de 2022, la suba de estos productos ha sido de 68,9 % en dólares, siempre utilizando el tipo de cambio oficial. Se incluyen aquí los precios de los vehículos, de artefactos para el hogar, prendas de vestir y pasajes aéreos.

De la comparación de los precios de los productos “no regulados” vs los “protegidos”, se deduce que el encarecimiento en dólares del país respecto de 2019 es en parte por atraso cambiario, pero fundamentalmente por los efectos colaterales de las crecientes restricciones que operan sobre la operatoria del comercio exterior, que producen faltantes y escasez, sea de insumos y partes como de bienes terminados.

El objetivo de controlar precios y cantidades al mismo tiempo fracasa, y una gama relevante de productos pasa a usar los dólares libres para estimar los costos de reposición.

También es cierto que existe “inflación en dólares reprimida”, si se tiene en cuenta el atraso de las tarifas de los servicios públicos. A junio de este año, el costo de la provisión de agua, electricidad y gas (datos de CABA) se ha abaratado un 42,6 % en dólares respecto del promedio de 2019, replicando en forma corregida y aumentada el fenómeno experimentado a lo largo del ciclo que llegó hasta 2015.

Para que la Argentina pueda proponerse una estabilización sustentable en el futuro, deberá empezar a corregir las tremendas distorsiones de precios relativos que se constatan. Para avanzar en esa dirección, se requiere un doble movimiento: por un lado, normalizar la operatoria del comercio exterior, para que los precios locales vuelvan a converger con los internacionales y, por el otro, devolver a las tarifas de servicios públicos el rol del GPS (sistema de precios) que orienta decisiones de consumo e inversión.

Columnista Invitado – Jorge Vasconcelos
Editorialista del IERAL – Fundación Mediterránea