Sea por la ineficacia que muestran para mejorar la situación social a largo plazo, por su costo fiscal, las molestias que las manifestaciones y cortes de calles generan en el resto de la población o por razones puramente políticas, lo cierto es que en las últimas semanas han proliferado iniciativas para reconvertir planes sociales, como el Potenciar Trabajo, en incentivos para la incorporación de sus beneficiarios al mercado laboral, o directamente para que el programa Potencia Trabajo sea administrado por provincias y municipios, en lugar de organizaciones sociales.

Se trata de cerca de 1,3 millones de planes Potenciar Trabajo, por los cuales sus beneficiarios reciben un monto mensual de $22.770, equivalente al 50% del salario mínimo vital y móvil, y suelen realizar una contraprestación de 4 horas diarias con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa, contraprestación que debe acreditarse ante una unidad de gestión o certificación (UG), que puede ser una cooperativa, una asociación civil o religiosa o un municipio.

Este programa nació en el año 2009, durante la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner, con la denominación de “Argentina Trabaja”, inicialmente con 150 mil beneficiarios. Luego se reconvirtió en el programa Hacemos Futuro y Ellas hacen en 2018, y finalmente se transformó en el Potenciar Trabajo en el año 2020.

Las iniciativas para reconvertir el Potenciar Trabajo en incentivos para generar trabajo genuino en general apuntan a que los potenciales empleadores de los actuales beneficiarios puedan usar el monto involucrado en los planes para cancelar las contribuciones patronales de los empleos generados por esa vía. Existe una posibilidad preocupante en algunos de estos proyectos, en el sentido que provincias y municipios puedan convertirse en empleadores de los actuales beneficiarios, utilizando también los montos de los planes para cancelar las contribuciones patronales.

Esta iniciativa podría derivar en un crecimiento alarmante en el empleo público, dado que resulta previsible que existan luego reclamos de los beneficiarios para que sean efectivizados como empleados estatales en provincias y municipios, engordando una planta de personal del estado que resulta ya, desde el inicio, desmesurada.

En los últimos días se agregó una propuesta para que los planes Potenciar Trabajo pasen a ser administrados por provincias y municipios, en lugar de las organizaciones sociales que actualmente lo hacen. En realidad, esa posibilidad no haría más que consolidar la existencia de dichos planes, cuando habría que tender a su reemplazo y posterior desaparición. Reemplazo por incentivos para que sus beneficiarios se integren al mercado de trabajo, a través de empleos en el sector privado, así como por programas masivos de capacitación en oficios que faciliten la integración al mundo productivo, con la posibilidad de reemplazar también con Planes Alimentar durante la transición.

Pero más allá de los aspectos positivos o negativos que podría tener la administración de los planes en manos de provincias y municipios, sobre la eficiencia en la selección de los beneficiarios y la administración del programa, lo cierto es que esta decisión consolidaría una marcada disparidad regional en su asignación, beneficiando principalmente a la provincia de Buenos Aires, pues en tal provincia se hallan algo más del 50% de los titulares de los planes, cuando su participación en la población resulta del 39%.

Si se analiza la asignación de los planes Potenciar Trabajo en función de la población con dificultades laborales en cada provincia (desempleados, informales y cuentapropistas de baja productividad), Buenos Aires aparece como una jurisdicción relativamente beneficiada, al contar con 14,4 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral (16 en el conurbano), segunda en el ranking, luego de Jujuy (22,9).

Por caso, en provincias como Santa Fe, Mendoza, La Pampa y Córdoba, existen menos de 5 beneficiarios de Potenciar Trabajo cada 100 personas con dificultades laborales. También llama la atención que provincias con altas tasas de pobreza, como Corrientes, cuente con menos de 8 beneficiarios cada 100 personas con dificultad laboral.

Por otra parte, dentro de la provincia de Buenos Aires se observa también un sesgo de asignación del Potenciar Trabajo hacia los 24 partidos del conurbano, que reciben 3,7 planes cada 100 habitantes, cuando en los partidos del interior de Buenos Aires la relación es de 2,6, y de 3,3 en el promedio de la provincia. Como resulta común en Argentina, las propuestas de reformas que se han conocido parecen responder más a intereses políticos de corto plazo que a razones sociales o económicas objetivas En la provincia se Buenos Aires se visualizan, desde hace mucho tiempo, características llamativas en el financiamiento que recibe o aplica el gobierno nacional en esa jurisdicción. Dichas características posiblemente ayuden a explicar una regularidad histórica observada en Argentina, la de que nunca un gobernador electo de la provincia de Buenos Aires resultó luego presidente de la nación, electo por el pueblo.

Ocurre que cuando se trata de dinero que proviene de la Nación y se gasta en la provincia de Buenos Aires, decidido y administrado por el propio gobierno provincial, la participación de dicha provincia resulta relativamente baja, comparada con su participación en la población total o en el PIB total de Argentina. En cambio, cuando se trata de recursos que se gastan en la provincia de Buenos Aires, pero decididos y administrados desde el gobierno nacional, la participación de Buenos Aires resulta relativamente alta, mayor a la que presenta en la población o en el PIB nacional.

Así, por ejemplo, en la coparticipación de impuestos de libre disponibilidad que recibe Buenos Aires, que depende de leyes aprobadas hace varias décadas y en que no existe margen para la discrecionalidad, dicha provincia participa con sólo un 22,9% del total de recursos que van al consolidado de provincias, cuando cuenta con un 38,7% de la población y un 32,4% del PIB nacional. Se trata de dinero transferido desde la Nación cuyo destino decide libremente el gobierno de cada provincia.

A su vez, cuando se trata de recursos que llegan a la provincia de Buenos Aires desde Nación a través de planes sociales “menos discrecionales”, que decide y administra el propio gobierno nacional con una selección de beneficiarios más objetiva, definida por la normativa correspondiente (AUH, Tarjeta Alimentar y Progresar), la provincia de Buenos Aires cuenta con un 34% del total nacional, por debajo de su participación en la población, pero por arriba de lo que aporta al PIB nacional.

En cambio, cuando se trata de recursos que benefician a la provincia de Buenos Aires en forma más discrecional, decididos por el gobierno nacional, como los subsidios al transporte, los planes sociales más discrecionales (como el Potenciar Trabajo) y las transferencias fiscales más discrecionales, llega a Buenos Aires una porción claramente por arriba de su participación en la población y el PIB, con un 74%, 45% y 42% del total nacional, respectivamente. En el caso de los dos primeros (subsidios al transporte y planes sociales discrecionales), además, la selección de los beneficiarios es organizada por la administración nacional.

Es probable que, dada la rivalidad y competencia política que tradicionalmente ha existido entre el presidente de la Nación y el gobernador de Buenos Aires, ahora y en el pasado, desde el gobierno nacional se hayan reservado decidir cuantía y destino de los envíos más discrecionales a dicha jurisdicción y en muchas ocasiones también la administración de dicho dinero.

Se debe agregar, además, que en los últimos cinco años Buenos Aires ha mejorado su participación efectiva en la coparticipación de impuestos, pues al eliminarse el fondo del conurbano, la porción que recibe esa provincia pasó de cerca de 18% a casi 23%.

Adicionalmente, recibe dentro de las transferencias discrecionales el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, al cual se derivaron la mayor parte de los recursos que se le descontaron a CABA de la coparticipación desde 2020 Nuevos vientos políticos, en la administración de Macri, primero, y especialmente en la de Alberto Fernández, ahora, han conducido a una mayor recepción de recursos por parte de la provincia de Buenos Aires, con relación a la evolución observada en el resto de las provincias.

Columnista Invitado - Marcelo Capello
Editorialista del IERAL – Fundación Mediterránea