La situación del tenista Novak Djokovic pone a prueba al Gobierno australiano.

El jugador admitió "errores humanos" en su declaración previa al ingreso al país, donde se disputará el primer Grand Slam del año.

También reconoció que otorgó una entrevista periodística cuando ya sabía que había sido diagnosticado "positivo" de Covid-19.

Todas estas cosas ponen en una incómoda posición al Gobierno de Australia.

Por un lado, el país mantuvo siempre una posición estricta en el manejo de la pandemia, que le dio muy buenos resultados.

Por otro, se perderían de darle la chance al líder del ranking internacional, de participar el certamen más importante del hemisferio sur.

Menuda encrucijada la que tienen que resolver los políticos australianos, cuando la Justicia ya falló -incluso- dándole algo de razón al serbio, entregándole el pasaporte y levantándole el confinamiento.

Lo que está por delante es determinar hasta donde pesa el nombre propio de cada uno.

Si lo dejan jugar, aun cuando se sospecha que mintió para ingresar y siendo reconocidos esos "errores humanos" habrá tirado por tierra lo cultural de su firme sistema de valores.

Y si lo deportan, habrán de ganarse la antipatía de millones de aficionados al deporte.