El decreto entra en vigor de inmediato. Sin embargo, el marco normativo de Argentina exige supervisión parlamentaria sobre este tipo de medidas ejecutivas.

El proceso comienza con una revisión por parte de la Comisión Bicameral, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza (LLA). Tras su deliberación, que dura alrededor de 10 días, el decreto pasará a ambas cámaras legislativas, que tienen el poder de ratificar o rechazarlo. Precedentes recientes sugieren que el Gobierno confía en obtener su aprobación.

En el pasado, el Congreso aprobó programas sin exigir la divulgación de los detalles. Por ejemplo, en el precedente de 2022, la administración del entonces presidente Alberto Fernández presentó un acuerdo técnico, negociado con el staff del FMI, como un anexo a un proyecto de ley enviado al Congreso. Sin embargo, fue el propio Congreso el que exigió que el texto final aprobara únicamente el nuevo programa, eliminando cualquier referencia al anexo.

El anuncio también destacó la intención del Gobierno de utilizar los desembolsos del FMI para retirar bonos no transferibles (Letras Intransferibles o LI) en poder del Banco Central. Bajo el mecanismo de valuación revisado introducido en 2024, estos bonos ahora se registran a "costo amortizado, sujeto al límite de valor recuperable", lo que en su momento generó una pérdida significativa en el balance del banco.

Aplicando, por ejemplo, $10.000 millones de los desembolsos del FMI, el Gobierno podría cancelar $20.000 millones en LI, reduciendo así su deuda bruta. Sin embargo, la deuda neta, es decir, excluyendo la deuda dentro del sector público, aumentará.