El revés de la “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados marcó un capítulo bisagra en el inicio del gobierno de Javier Milei porque dificultó la gobernabilidad deseada a través del Congreso e inició el conflicto con los gobernadores provinciales.

A esta situación se le sumó la medida cautelar contra las modificaciones laborales presentes en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y el fallo a favor del reclamo del gobierno chubutense.

A pesar de estas situaciones, La Libertad Avanza busca aprovechar el capital político post elecciones para implementar su política y redobla la apuesta apoyándose en el saneamiento fiscal y del Banco Central.

El resultado fiscal de enero fue el mejor en 12 años y los mercados financieros mejoran la confianza sobre la capacidad de pago del Estado argentino. Bajó el riesgo país y subieron las cotizaciones de los bonos.

Sin embargo, el recorte de las transferencias de fondos a las provincias le significó profundizar el conflicto con los gobernadores. Además, quienes más aportaron a la reducción del gasto fueron las partidas sociales (jubilaciones, subsidios y salarios). Con la pobreza alcanzando el 57% deja latente la posibilidad del crecimiento del conflicto social, hoy apaciguado.

En ese sentido, luego de un primer acomodamiento de precios el gobierno busca que disminuya la inflación por el enfriamiento de la demanda, tanto desde gasto público como del consumo. Por ello también se espera una caída en la actividad económica para el 2024.

Por el lado monetario, la reducción en términos reales de la base monetaria y de los pasivos del banco central, a la par del achicamiento de la brecha y el engrosamiento de las reservas augura una posible salida del cepo. El gobierno administra los tiempos para robustecer la posición del Central.