Del total de la deuda provincial, el 74,3% corresponde a la emisión de bonos provinciales, el 17,0% a organismos internacionales de crédito, el 2,7% a bancos y el 6% restante a deuda con la Nación, que incluye al gobierno nacional, al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

Si bien estos son números promedio, el peso de cada acreedor sobre cada jurisdicción varía enormemente. Para siete provincias (San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Tucumán, Catamarca y Jujuy) el acreedor mayoritario es la Nación, ya sea directamente el gobierno nacional o a través de los fondos fiduciarios nacionales (FFFIR y FFDP). En el caso de dos jurisdicciones, San Juan y Corrientes, el acreedor mayoritario son organismos internacionales de crédito. Para las quince provincias restantes, los acreedores mayoritarios son bonistas que decidieron adquirir los títulos de deuda.

Deuda y coparticipación federal de impuestos

El proceso de endeudamiento provincial no puede alinearse de la Coparticipación Federal de Impuestos (en adelante CFI). Sólo en 6 de las 24 jurisdicciones los ingresos propios, que incluyen a los tributarios y otros no tributarios como las regalías, tienen un mayor peso que las transferencias que se reciben de la nación a través de la CFI y otras transferencias del gobierno nacional. Esto da cuenta de que, en general, hay un elevado nivel de dependencia de las transferencias nacionales, automáticas y no automáticas, de las jurisdicciones subnacionales.

La CFI es un mecanismo automático mediante el cual la Nación se encarga de la recaudación de una serie de tributos que luego son distribuidos entre la nación y las provincias mediante mecanismos y proporciones establecidas por Ley.

En varios casos, las provincias han avanzado en pedir préstamos a la Nación para hacer frente a distintos tipos de gastos, en los cuales pusieron como garantía recursos que son parte de la Coparticipación. Esto significa que, frente a los vencimientos de esta deuda, se retiene como pago los recursos coparticipables que correspondan y el resto se gira a la provincia.

Hoy en día todas las provincias, salvo Santiago del Estero, registran deuda con la Nación. Además, 20 de las 24 jurisdicciones tienen créditos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Créditos para los cuales no es inusual poner como garantía fondos coparticipables.

El Director de la Fundación, Aldo Abram, aclaró: "Los gobiernos provinciales que tienen deudas garantizadas con Coparticipación no pueden pretender que se les refinancie cuando corresponda el cobro. Si el Poder Ejecutivo Nacional se las refinancia, ¿quién hará el ajuste? El Gobierno Nacional, que ya está recortando para no gastar de más, o, como antes, se emite y lo pagan todos los argentinos por el empobrecimiento que genera la inflación. Corresponde que se haga cargo el gobierno provincial que antes se excedió." Agregó, "No es excusa que el que malgastó sea otro gobernador anterior. Cuando uno asume se hace cargo de los problemas heredados, como se está haciendo en la Nación. Si no pueden hacerlo, no se hubieran propuesto para la gobernación".

En términos brutos, la provincia de Buenos Aires es la más endeudada, con unos US$11.350 millones, equivalentes al 50% del total de deuda provincial. Seguida por Córdoba, que explica el 10% del total, con unos US$2.289 millones, y CABA, con US$1.810 millones (8% del total). Sumando Neuquén (4,8%) y Chubut (3,8%), se encuentra que cinco provincias explican el 75% del total de deuda provincial.

Como era esperable, las provincias con mayor Producto Bruto son también aquellas que tienen stocks de deuda mayores.

Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dijo que “todos los conflictos que estamos viendo alrededor de la deuda provincial no pueden separarse de la medida electoralista del año pasado que fue la eliminación del Impuesto a los ingresos de los trabajadores, que como era coparticipable generó menores ingresos tributarios para las jurisdicciones subnacionales. Obviamente, ahora se enfrentan a la disyuntiva de ajustar su gasto, defaultear su deuda o aumentar los impuestos”

Además, Marí agregó que “sería razonable que las provincias realicen las reformas para devolver la sostenibilidad a sus cuentas fiscales y poder honrar sus deudas. La realidad es que gran parte del gasto recae sobre las provincias, por lo que no pueden quedar disociadas de la delicada situación económica que vive la nación en su conjunto”.