El gasto público consolidado (Nación+Provincias+Municipios) cerrará 2023 en torno a 38% del PBI (base devengado). Habrá sufrido un recorte de 2 pp en el año, recuperando los niveles que había dejado la administración Cambiemos tras el ajuste forzoso al que se vio obligado en 2018 y 2019 ante la falta de financiamiento. No obstante, todavía supera en más de 10 pp el nivel promedio de la década del 90s[1]. 

Casi 20% del PBI corresponde exclusivamente a gasto nacional; el resto refiere a gasto de las provincias y municipios. Y es precisamente el gasto nacional el que registró una caída este año. 

Fueron las gestiones kirchneristas las que fomentaron un aumento casi continuo del gasto. En los 10 años que fueron entre 2004 y 2014 el gasto primario nacional se duplicó: subió 12 pp del PBI, tocando un máximo de 24%. El ajuste posterior acumula un recorte de 5,7 pp desde ese máximo, pero el enquistamiento de muchos de los gastos que explicaron esa expansión dentro de la estructura del Estado requieren tocar temas de fondo para su corrección. 

Punto de partida 2024

Corridos 10 meses, el déficit acumulado asciende a 1,6% del PBI (base caja). Cumplir con la meta comprometida con el FMI supone un déficit primario adicional de 0,3% del PBI en los últimos 2 meses. Esto implica que, aun asumiendo que los ingresos sostienen la dinámica actual (más impuesto país por extensión a importaciones se compensa con menor recaudación del impuesto a las ganancias por suba del mínimo no imponible), el gasto primario debería ajustar más de 30% en términos reales.

Proyectamos que 2023 cerrará con un déficit primario de 2,7% del PBI, 0,8 pp por encima de la meta comprometida con el FMI. Implica asumir un déficit en torno a 1% del PBI en el último bimestre (en 2021 subió 1,4 pp y en 2022 0,9 pp en estos meses). Será sobre este nivel a partir del cual deberá arrancar la convergencia hacia el equilibrio fiscal.

Pero algunos ingresos y gastos cuentan con inercia propia:

Del lado de los ingresos, el fin de la sequía permitirá la recomposición de los derechos de exportación (+0,7% del PBI), pero la suba del MNI del impuesto a las ganancias restará recursos por 0,3% del PBI de las arcas nacionales (según cálculos de la OPC).

Del lado del gasto, en un escenario de inflación en ascenso (inicialmente esperable a partir de un reacomodamiento de precios relativos), la fórmula de movilidad implicará una licuación del gasto en términos del PBI (~0,1% del PBI). Parte de este <ahorro> se compensaría con salarios y gasto operativo creciendo en línea con inflación.

Cerrada la posibilidad, por decisión política, de recurrir a financiamiento monetario por parte del BCRA y asumiendo un limitado acceso a los mercados de deuda podría ser necesario equilibrar el resultado financiero. Esto exigiría un esfuerzo todavía mayor en términos de recorte del gasto primario para poder cubrir el pago de intereses por 2,1% del PBI previstos para 2024. Sin considerar subas de impuestos (acá asumimos que el Impuesto País se mantiene, algo que podría no pasar en caso de la unificación cambiaria), esto demandará un ajuste del gasto primario equivalente a 4,4 pp del PBI.