En una reciente edición de Charlas Abiertas Pymes de IDEA, se reunieron en mesas de trabajo más de 70 dueños, CEOs y máximas autoridades de pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina para identificar las problemáticas comunes de las empresas y consensuar propuestas concretas.

Así, en materia fiscal, consideraron necesario simplificar el sistema impositivo y avanzar en la digitalización de trámites, con el fin de reducir la burocracia asociada al marco tributario. En este caso, propusieron reducir y/o eliminar total o parcialmente determinados tributos, como aquellos de escasa recaudación, los impuestos a los débitos y créditos, entre otros,

gravando únicamente la venta minorista en el caso de ingresos brutos y deduciendo de ganancias las inversiones productivas.

También, resaltaron la necesidad de avanzar con la reducción de la carga impositiva ante escenarios de reinversión productiva para aquellos que reinviertan en mano de obra -elevando la nómina de trabajadores-, en capacitación, maquinaria y modernización con el objeto de alcanzar mayores niveles de competitividad y acceso al mercado internacional.

Además, sumaron otras medidas: generar y divulgar planes de financiamiento efectivos con sistemas de calificación crediticia más equitativos; simplificar los códigos de ingresos brutos para todas las provincias y que no generen saldos a favor; crear consorcios de capitales mixtos para inversiones nuevas y ampliación de obras de infraestructura y crear una agencia nacional y federal pyme con rango ministerial.

Al mismo tiempo, enfatizaron la importancia de alcanzar un orden macroeconómico "estable y equilibrado con un tipo de cambio unificado que otorgue previsibilidad y favorezca el acceso al comercio exterior".

En cuanto al mercado laboral, los empresarios de IDEA Pyme propusieron: simplificación y reducción de multas y otros costos laborales, incluyendo valores fijos y topes y/o marcando que el beneficio económico originado por la multa pase a ser un crédito en favor del Estado, buscando desincentivar litigios judiciales.

A su vez, destacaron como conveniente la reducción de otros costos laborales, como el esquema de capitalización de intereses en juicios laborales, el régimen indemnizatorio (contemplando la generación de un fondo de capitalización de desempleo) así como la simplificación y reducción de las cargas sociales.

Asimismo, consideraron que los períodos de prueba deberían extenderse a seis meses "para generar menos intermitencia en las trayectorias laborales de las personas y entrenamiento en prácticas específicas".

En paralelo, coincidieron en lograr una mayor articulación público-privada en la ejecución de prácticas formativas, modificando la ley de pasantías, y reduciendo las cartas patronales para alentar la contratación de perceptores de planes sociales, primeros empleos o quienes se encuentren fuera del sistema laboral formal por más de un año.