El planteo viene de uno de los pilares de la entidad, el economista Aldo Abram, actual director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

La semana pasada la usina del pensamiento liberal porteño presentó un programa económico que prevé un regreso al esquema de convertibilidad.

Sin embargo, y a diferencia del esquema de Domingo Cavallo en los 90, que usaba las reservas del Banco Central, en este caso se propone que los dólares estén depositados en un fideicomiso en el Banco de Pagos de Basilea, conocido como “el banco central de los bancos centrales”.

Abram destaca que al igual que en el planteo de Cavallo, se trataría de un bimonetarismo, en el que las personas podrían usar dólares o pesos. “La gente confió en el programa y entonces la demanda de pesos se triplicó”, recordó.

Por eso considera que el “punto débil” del esquema es lograr que la gente crea en el programa. La razón por la cual los dólares deberían estar en un fideicomiso en el exterior, según señala Abram, es para evitar que una vez iniciada la caja de conversión sea difícil desarticularla. “El fideicomiso se maneja por leyes del exterior”, sintetizó.

Tampoco sería una medida inmediata. El plan prevé primero acumular reservas internacionales suficientes con algún préstamo o swap de monedas.

El programa incluye una reforma laboral de modo de “privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad”. También se plantea “la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo) compensándola por un fondo o seguro de desempleo”.

En lo que se denomina Reforma del Estado, la fundación liberal aspira a “reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia en la gestión, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar”.

El programa contempla rebajas de impuestos para las empresas del sector privado que incorporen ex empleados públicos en un proceso que duraría varios años.

También propone reducir la administración a solo ocho ministerios e introducir incentivos a la productividad. Por otro lado, se prevé ir eliminando gradualmente los planes sociales y los subsidios a las tarifas de los servicios, a la vez que se impulsa una reforma previsional que unifique la edad de retiro de hombres y mujeres en los 70 años.

En lo que es política impositiva, consideran que hay que eliminar el Impuesto al Cheque y a los Bienes Personales y lo más novedoso, “devolver las facultades tributarias a las provincias”, con lo cual, la recaudación de impuestos como Ganancias que hoy hace la Nación, quedaría en las 24 jurisdicciones.