“Sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central todavía se brindaron pocos detalles. Sin embargo, los aspectos anunciados están alineados con los objetivos centrales de la propuesta que elaboramos desde la Fundación Libertad y Progreso”, empezó diciendo Aldo Abram, director ejecutivo de la entidad, y consideró que “la definición de un único objetivo para el Banco Central —preservar la estabilidad del valor de la moneda— constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra iniciativa. Nosotros proponemos que ese mandato se instrumente mediante metas de inflación. En este caso, todavía falta conocer cómo se definirá concretamente el objetivo y qué mecanismos se utilizarán para evaluar su cumplimiento, pero la orientación general es correcta”.

En este sentido desde la Fundación Libertad y Progreso dijeron que “resulta positivo que se prohíba al Banco Central financiar al Gobierno nacional. Desde la Fundación propusimos que esa restricción incluya, además, la imposibilidad de financiar o adquirir deuda de los Estados provinciales y municipales bajo cualquier modalidad” y comentó que “el anuncio se refirió específicamente a la compra de deuda en el mercado primario, es decir, durante su colocación inicial. Consideramos que la prohibición también debería alcanzar la adquisición de títulos públicos en el mercado secundario, porque esa operatoria puede convertirse en una forma indirecta de financiar al Estado y facilitar futuras colocaciones de deuda”.

Abram resaltó que “la modalidad planteada para la remoción del presidente y de los directores del Banco Central también parece interesante. No es idéntica a la que propusimos, pero podría ser efectiva para proteger a sus autoridades frente a eventuales presiones del Poder Ejecutivo o del Congreso destinadas a apartarlas de su mandato de preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación en niveles normales”.

Finalmente, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso admitió que “quedan aspectos por aclarar que seguramente conoceremos cuando se publique el proyecto completo. No obstante, en términos generales, la reforma parece avanzar en línea con nuestra propuesta” y que “también es interesante el denominado ‘grillete fiscal’. Su principal debilidad es que, al estar establecido mediante una ley, podría ser modificado o derogado por otra norma. Incluso una ley de presupuesto podría habilitar excepcionalmente un resultado deficitario. De todos modos, mientras la disposición se encuentre vigente, la suspensión del pago de salarios a los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo y a los legisladores funcionaría como una sanción frente al incumplimiento del equilibrio fiscal. Además, obligaría a quienes pretendan aprobar un déficit a explicarlo, debatirlo públicamente y asumir el correspondiente costo político”.