“No sobran trabajadores, faltan políticas públicas” es una de las consignas bajo las cuales los y las trabajadoras de distintas dependencias del Estado están visibilizando la situación de precariedad laboral e incertidumbre en la que se encuentran desde el cambio de gestión.

El gobierno nacional, desde su asunción, ha cargado discursivamente su recorte sobre “la casta”, un concepto que se desdibuja al ver dónde ha recaído con más fuerza el ajuste de este primer trimestre: trabajadores, jubilados y pequeñas unidades productivas. El impacto de la fuerte devaluación no sólo está golpeando a los sectores más vulnerados de la sociedad, sino que la respuesta del ejecutivo es amedrentar a los trabajadores del Estado, amenazando con desvincularlos de su tarea; cerrar unidades ejecutoras de políticas sociales, como fue el caso de los Centros de Referencia; y congelar el presupuesto destinado al sostenimiento de las políticas de inclusión.

Desde la delegación Mar del Plata de la secretaría de trabajo, en línea con las acciones de visibilización que se vienen desarrollando en las 43 Agencias Territoriales de todo el país, se expresaron al respecto.

Actualmente, se presume que son 17 los puestos de trabajo que corren mayor riesgo en la dependencia, por la precariedad inherente a su forma contractual; pero no se descarta que sean más, en tanto las amenazas de recorte son explícitas.

Pero no se trata del número. El problema está, por un lado, en que cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que se queda sin ingresos. Por otro, en que estas medidas implican una disminución de la capacidad de respuesta del Estado ante la creciente crisis económica y social.

“Lo que más preocupación genera es que no se trata de un hecho aislado. Sabemos que lo que busca el gobierno es vaciar el Estado para validar su proyecto que a mediano plazo implica una disminución drástica del empleo y empeoramiento de las condiciones de vida de la masa trabajadora”, expresan desde la Agencia.

Políticas de trabajo y empleo en el país: un trabajo silencioso en riesgo

Las políticas de trabajo y empleo a nivel nacional tienen implicancia en muchas áreas. Se nuclean en las Agencias Territoriales y articulan con la red de Servicios de Empleo, de orden municipal. También trabajan de modo articulado con sindicatos y numerosos organismos públicos.

El sector trabajo se encarga de fiscalizar y regularizar situaciones de trabajo no registrado; también de mediar en las negociaciones colectivas de trabajo y regular las condiciones laborales en los servicios de transporte del país.

En el sector de empleo se gestionan programas que buscan mejorar las condiciones materiales que posibiliten la inserción laboral en general y de personas con mayores grados de vulnerabilidad en particular. Así, se realizan cursos de formación profesional, que en algunos casos contemplan una retribución económica en concepto de sostenimiento de la cursada; se financian proyectos de emprendedores y cooperativas, con aportes para compra de máquinas e insumos que deben ser correctamente rendidos por los beneficiarios; y se gestionan beneficios a empresas que cumplan determinados requisitos y contraten a personas que lleven más de tres meses fuera del empleo registrado.

También trabaja con poblaciones que el mercado laboral en su “autoregulación” tiende a dejar afuera: personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, mujeres con menores a cargo, hombres de más de 45 años con menores a cargo, etc.

Un Estado fortalecido no implica un avasallamiento sobre las libertades individuales, como presume el presidente. Al contrario: permite que un país tenga una estructura propia que sea capaz de equilibrar las posibilidades de ejercicio de dicha libertad.

Por todo esto, los y las trabajadoras de la Secretaría de Trabajo de la Nación rechazan los despidos injustificados y exigen a las autoridades nacionales claridad en el rumbo de las políticas públicas e instancias de diálogo para las dependencias del interior del país.