La medida lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todo el gabinete nacional; y se basa en "la emergencia pública económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social" determinada por la Ley 27.541.

También se considera la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 260/20 y las medidas de "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de "distanciamiento social" de los decretos 297/20 y 520/20.

Por otra parte, el decreto establece que "los despidos y suspensiones que se dispongan y violen las disposiciones adoptadas no producirán ningún efecto" ya que "se mantendrán vigentes las relaciones laborales y sus condiciones actuales".

Esto no se aplicará a las contrataciones realizadas con posterioridad a la vigencia del decreto, pero la medida "no será de aplicación en el sector público definido en el artículo 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que esté sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".