El régimen derogado obligaba a las instituciones a informar, antes de noviembre, el importe de la matrícula y el monto de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esto generaba aumentos anticipados basados en proyecciones inciertas.

Al no poder ajustar los aranceles según la evolución real de los costos, los colegios se veían empujados a establecer valores más altos de lo necesario como medida preventiva.

"Confiamos en que la reducción progresiva del peso de las cuotas sobre los ingresos de los hogares constituye, en los hechos, una mejora social de alto impacto. De este modo, se fortalece la previsibilidad y la estabilidad económica de las familias, corrigiendo distorsiones que durante años afectaron tanto a las escuelas como a los padres", dijeron desde la entidad.