Esta decisión legislativa impacta negativamente en uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al afectar el fondeo de las SGR, que han demostrado ser una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país.

Las SGR constituyen un puente esencial entre las PyMEs y el sistema financiero, al ofrecer garantías que, por su calidad, son consideradas autoliquidables por la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto no solo permite ampliar el universo de empresas con acceso al crédito, sino que también mejora las condiciones de financiamiento al reducir los requisitos exigidos y las previsiones asociadas a eventuales incumplimientos.

El sistema de SGR ha funcionado durante años como un mecanismo público-privado eficiente y transparente, que ha generado impactos positivos tanto en la actividad productiva como en la recaudación tributaria. El costo fiscal asociado es ampliamente compensado por los beneficios económicos que genera, especialmente en términos de inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs, lo que a su vez genera mayor recaudación impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales (IVA, Ganancias, ICD, IIBB, Sellos, TISH, etc).

Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego. El fundamento económico de los modelos de garantía recíproca es que permite eliminar asimetrías de información y genera incentivos comportamentales que facilitan el acceso al crédito de empresas que aún no cuentan con un historial crediticio demostrable.

El crédito productivo en la Argentina viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región. Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso. Su desfinanciamiento o debilitamiento afectará directamente a la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país.

Desde ABA, ABE y ADEBA exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso a realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina.