La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar el pedido de detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que se investigó por los hechos en Vialidad, abre un nuevo escenario en la política argentina.

Como le sucediera a los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, que debieron afrontar procesos judiciales que derivaron en sentencias en su contra, Cristina Fernández de Kirchner afronta horas previas a la voluntad propia de concurrir a justicia y ponerse a disposición de la Fiscalía, que ha pedido la detención inmediata de la ex funcionaria.

Por otro lado, la sentencia confirmada también alcanza a la imposibilidad de ocupar cargos públicos de por vida, lo cual la margina de su reciente interés por competir para ser diputada provincial en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

Aquel anuncio realizado la semana pasada fue, tal vez, un intento de colocar su eventual candidatura en el marco de la disputa judicial, intentando promover la idea de que lo suyo habría de ser -en caso de confirmarse como ocurrió- una detención política para proscribirla.

Sin dudas, las próximas horas van a ser importantes, por razones de organización y logística. El Gobierno debe ser cuidadoso en el manejo del tema, que quedó a cargo del ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich. Lo que falta por conocerse es el efecto que este cimbronazo judicial tendrá en la cotidianidad del país y en la economía, en particular.