Se venía hablando de una posible restricción mayor a la compra de dólares en el mercado oficial, en el que los argentinos pueden acceder hasta 200 al mes. Sin embargo, el Gobierno eligió una vieja nueva receta: que aquel que quiera comprar pague un impuesto mayor por hacerlo. En este caso el impuesto a las Ganancias en su categoría más elevada, la del 35%.

La jugada es simple y casi que astuta. Faltan dólares y cada vez que la gente cobraba sus salarios corrían a comprar billetes verdes al banco. Eso hacía que las reservas del Banco Central de la República Argentina drenaran diariamente. La alternativa era cerrar esa operatoria pero el costo era muy alto en la sociedad, dado que impedir era sinónimo de bloquear.

Con la aplicación del impuesto elude ese costo político y asume pagar otro. Que "el que quiera verde que le cueste", y encima recauda por la parte de los dólares que se comercialicen en el mercado formal.

Las consecuencias están por verse. Pero para los más memoriosos vale con un ejercicio simple, y recordar que pasaba en 2014 cuando se aplicaba este tipo de impuesto a quienes viajaban al exterior, compraban productos fuera del país o simplemente adquirían dólares cuando la AFIP se los permitía.