El decreto 650/2018 que reglamenta la Ley N° 27.419, denominada “Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional” habilita la desgravación impositiva en la importación de buques nuevo o usados para ser utilizados en la pesca.
A raíz de esta situación, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), presidida por Martín Rappallini, alertó sobre las consecuencias negativas en el sector manufacturero naval y en toda su cadena productiva de pymes.

Temen por "cierre de astilleros y talleres navales, la desinversión, destrucción de la cadena de proveedores, pérdida de recursos humanos calificados formados tras años de inversión pública y privada, y deterioro de infraestructuras, equipos y herramientas".

Mediante un comunicado de prensa la UIPBA consideró que una medida de estas características tendrá "derivaciones en el empleo" entre los trabajadores del sector industrial bonaerense y calificó de "efectos nocivos para la actividad" la aplicación de la reglamentación de la ley.

Polémica instrumentación
Con el objetivo de facilitar la incorporación de buques a la flota mercante argentina, la iniciativa establecerá un arancel de importación cero para los buques nuevos, principalmente, y usados.
UIPBA entiende de que "de aplicarse dicha medida, no contemplaría la situación actual que atraviesa nuestra industria naval, y dejaría de lado la capacidad vigente que tiene el sector local para diseñar y construir estas mismas embarcaciones".
La cámara industrial anticipó que, basada en "antecedentes" que se registraron en anteriores oportunidades en el país, "los resultados se dirigen al mismo destino: el cierre de astilleros y talleres navales, la desinversión, la destrucción de la cadena de proveedores, la pérdida de recursos humanos calificados formados tras años de inversión pública y privada, y el deterioro de infraestructuras, de equipos y de herramientas".
La industria naval argentina, tanto privada como pública, tanto liviana como pesada, tiene su principal núcleo de producción y servicios, estudios e investigación, en la Provincia de Buenos Aires. Su cadena de valor incluye diversas economías regionales y se interrelaciona directamente con las actividades logísticas, portuarias, fluviales y marítimas.
Los principales actores de este sector realizaron sus máximos esfuerzos a fin de lograr los mejores consensos y así aportar tanto a la calidad normativa como a un resultado efectivo para el país. Sin embargo, las alternativas legislativas de Marina Mercante e Industria Naval -que estaría al salir-, demuestran todo lo contrario. La competitividad que se le exige a las industrias nacionales demanda de leyes acordes a la competitividad internacional general y específica que existe para este sector industrial.
Por este motivo, desde la UIPBA realizaron un "llamado a los poderes ejecutivos y legislativos, tanto nacionales como bonaerenses, para asumir decisiones que, diálogo mediante, impacten de manera positiva a nuestros sectores industriales estratégicos, como el naval, y la generación de empleo privado".